La tortura, un delito consentido.
Editorial de GARA del 12 de febrero de 2001.

La tortura, un delito consentido

Hace veinte años, por estas fechas y tras más de una semana de estancia en la Dirección General de Seguridad de Madrid, Joseba Arregi se encontraba literalmente aplastado. Roto por dentro, amoratado y quemado por fuera. El 13 de febrero de 1981 moría a causa de un edema pulmonar y un derrame pleural. Aquella muerte hizo que se visibilizara en la sociedad la realidad que escondían las comisarías españolas y que tantos se negaban a admitir.

Los relatos de las torturas son escalofriantes. «En el traslado a dependencias judiciales para el interrogatorio le condujeron a un bosque. Durante el trayecto le golpearon en la cabeza y en un hombro. Después le obligaron a salir del automóvil y a arrodillarse, apuntándole con una pistola a la cabeza en un simulacro de ejecución. Luego le pusieron cinta aislante alrededor de las manos y de las piernas, le esposaron, le ataron las piernas con una cuerda, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y le volvieron a golpear». Una vez en dependencias de las FSE y durante el tiempo que parmaneció allí le inmovilizaron «y golpearon, casi siempre con las manos ''protegidas'', en la cabeza y en un hombro; le sometieron continuamente a ''la bolsa'' y le daban patadas cada vez que caía al suelo». La narración de los hechos, como se puede observar, resulta espeluznante. Pero ésta no corresponde a hace veinte años, sino que está transcrita del último informe de Aministía Internacional y recoge la denuncia realizada por Nekane Txapartegi. A lo contado, debe añadirse que durante el tiempo que permaneció en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos ­donde en 1993 murió Gurutze Yantzi­ también fue objeto de abusos sexuales, introduciéndole los dedos en la vagina». Txapartegi se encuentra en libertad, procesada en el sumario 18/98 dentro del «caso Xaki».

Pese a lo repugnante que resulta ­puesto que es un delito ejercido sobre personas indefensas por los mismos funcionarios que deben garantizar sus derechos y los de la ciudadanía­ y la constatación de que se trata de una práctica que no se ha interrumpido sino perfeccionado, la tortura está hoy fuera de la agenda política e informativa, cubierta por un manto de silencio. Gracias al cual, el Estado puede encubrir, proteger y, en caso de que el juicio sea inevitable, indultar a los torturadores, creando en ellos una sensación cierta de impunidad, como denunció recientemente AI. Y esa impunidad no es únicamente responsabilidad del Gobierno o de los jueces, sino también de todos aquellos que, como hace veinte años, siempre tienen una excusa para mirar a otro lado, callar y acallar. *